Aunque un tribunal halló que Medina financió con recursos de origen ilegal al PLD, la actual redacción de la ley electoral impide sancionar penalmente ese tipo de aportes.
Hallazgo de financiamiento irregular al PLD
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional concluyó, en el fallo del caso antipulpo, que Alexis Medina destinó recursos obtenidos de forma ilícita para financiar campañas políticas del PLD.
Según la sentencia, Medina y otro implicado, Wacal Vernabel Méndez, aportaron dinero a través de empresas de su grupo societario, sin que esos fondos fueran registrados ante la autoridad electoral, lo que constituye una violación grave de la transparencia y equidad electoral.
Un entramado empresarial, lavado de activos y contratos públicos fraudulentos
Durante el juicio se comprobó que Medina operó un entramado empresarial entre 2012 y 2020 con compañías como Globus Electrical S.R.L., United Suppliers Corporations, Wattmax Dominicana S.R.L., entre otras, a través de las cuales obtuvo contratos públicos, movió grandes sumas de dinero y ocultó la propiedad real de activos.
El tribunal documenta que esos movimientos incluyeron préstamos ficticios —por ejemplo, un préstamo de RD$100 millones que fue canalizado hacia una empresa vinculada con Medina, convertido en dólares y transferido al extranjero— como parte del esquema de lavado de activos y ocultamiento patrimonial.
Reconocimiento de irregularidades, pero falta de sanción penal específica
Aunque la corte califica como acreditado que los fondos provistos al PLD eran ilícitos y que constituyeron una “grave vulneración” de la normativa electoral, la sentencia establece que la legislación vigente —la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos— solo sanciona penalmente a quienes “aceptan” aportes ilegales, no a quienes los entregan desde fuera. Al no poder identificarse dentro del partido a quien recibió esos recursos con conocimiento, no procede condena penal por ese eje.
En consecuencia, aunque se confirma el financiamiento ilícito, los responsables del aporte —Medina y Vernabel Méndez— quedan sin sanción penal por ese cargo específico.
Implicaciones políticas y debates sobre reforma electoral
Este fallo abre un debate sobre la necesidad de reformar la ley electoral dominicana para cerrar vacíos legales que permiten este tipo de financiamientos irregulares sin consecuencias reales, incluso cuando están acreditados los vínculos con fondos ilícitos. Además, pone en evidencia las dificultades del sistema judicial para sancionar la corrupción política cuando la normativa no está adaptada a las realidades del lavado de dinero y financiamiento ilegal.
Este resultado, además, tiene implicaciones para la rendición de cuentas: aunque se demostró que un dirigente influyente financió campañas con recursos ilícitos, la falta de consecuencias legales refuerza la percepción de impunidad y debilita la confianza ciudadana en los mecanismos de control.
Fuente: Diario Libre
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