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Caso Cobra: tribunal impone prisión preventiva y declara complejo proceso por presunta corrupción en SeNaSa

El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó coerción contra diez imputados, ordenó prisión, arresto domiciliario e incautación de bienes, mientras el presidente Luis Abinader reafirmó su postura de respeto absoluto a la justicia con el mensaje “caiga quien caiga”.

Medidas de coerción y declaración de complejidad

El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este domingo medidas de coerción contra diez personas imputadas en el denominado Caso Cobra, una investigación que indaga un presunto entramado de corrupción, estafa al Estado, soborno y lavado de activos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión judicial incluyó prisión preventiva, arresto domiciliario e incautación de bienes, además de declarar el proceso como complejo, lo que amplía los plazos de investigación.

La magistratura consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación presentada por el Ministerio Público, al tiempo que fijó controles y plazos específicos para el desarrollo del proceso. Con esta declaratoria, el órgano acusador dispone de más tiempo para profundizar las diligencias y presentar una acusación formal.

Prisión preventiva para siete imputados

El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo para siete imputados, entre ellos el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, así como Gustavo Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. En el caso de Ada Ledesma Ubiera, la medida deberá cumplirse en Najayo Mujeres.

De acuerdo con la decisión, la prisión preventiva fue impuesta al considerar el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de preservar la investigación, dada la complejidad del caso y la naturaleza de los delitos investigados.

Arresto domiciliario, garantías y medidas reales

Otros tres imputados recibieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo deberán cumplir la medida acompañada de una garantía económica de RD$1,000,000 cada una, mientras que Eduardo Read Estrella fue enviado a arresto domiciliario sin imposición de fianza.

Asimismo, el tribunal ordenó medidas reales sobre cinco inmuebles vinculados a la investigación, como parte de las acciones destinadas a preservar bienes que podrían estar relacionados con los hechos que se investigan y asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales.

Plazos procesales y posición del presidente Abinader

Los imputados bajo arresto domiciliario disponen de siete días para cumplir con las garantías impuestas, mientras que el Ministerio Público cuenta con un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal. La revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 11 de marzo de 2025.

Tras conocerse la decisión, el presidente Luis Abinader reiteró su respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y de los tribunales, y reafirmó que su gobierno no interfiere en los procesos judiciales. El mandatario fue enfático al señalar que la lucha contra la corrupción es un principio innegociable de su administración, al expresar que “caiga quien caiga” y que puede tener amigos, pero no cómplices, subrayando que cualquier persona deberá responder ante la justicia si se comprueba su responsabilidad en delitos contra el Estado.

Fuente: Listín Diario

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