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La precampaña electoral arranca mañana de manera oficial y tanto los partidos políticos como la Junta Central Electoral (JCE) han tomado medidas especiales para evitar que el dinero del crimen organizado y cualquier actividad ilícita pueda afectar el proceso electoral y a los partidos políticos.
Por su parte, el presidente de la JCE, Román Jáquez, apuntó que el órgano será estricto con la fiscalización de los recursos públicos y privados que reciban los partidos y sus candidatos.
“Que no quepa la menor duda de que, a través de su facultades administrativas y reglamentarias, esta Junta Central Electoral, a través de su Dirección de Fiscalización y Control Financiero, será estricta en la fiscalización del financiamiento tanto público como privado, el cumplimiento de los topes y los ingresos espurios”, dijo.
Las fuerzas políticas del país han tomado medidas especiales para depurar a sus precandidatos y futuros candidatos. Incluso, el propio hecho de que la mayoría de los cargos no sean escogidos mediante primarias, sino en encuestas y asambleas de delegados, abarata el costo de la campaña política y pone cierta barrera al financiamiento ilegal de las campañas y a que la competencia la defina el dinero.
En los comicios anteriores fue clara la vulnerabilidad de los partidos políticos para que personas vinculadas al crimen organizado utilicen sus plataformas para alcanzar cargos de elección popular en el Estado. Cuatro legisladores, dos funcionarios municipales y un funcionario designado por decreto han sido vinculados con actividades criminales.
El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que harán una depuración profunda de los aspirantes a cargos de elección popular que se registren como precandidatos.
Entre las medidas que se tomarán según lo informado por Deligne Ascención, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, es que el PRM tendrá un buzón para recibir las denuncias de la ciudadanía en caso de que conozca que algún aspirante está implicado en actividades contrarias a la ley y la moral.
El PRM también exige los estados auditados de las finanzas personales de los precandidatos.
“Más allá de un certificado de buena conducta, un antidoping, les solicitaremos estados auditados para conocer de su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos de que disponen o que podrían disponer para el financiamiento de sus propias candidaturas”, indicó recientemente José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia.
Lo que dice el marco legal dominicano
El artículo 64 de la ley de Partidos Políticos identifica como contribuciones ilícitas siete tipos de financiamientos a los partidos y candidatos.
Son contribuciones ilícitas los aportes que haga cualquier persona moral de derecho público, salvo la contribución estatal señalada por ley; las contribuciones de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional, a excepción de los aportes de organizaciones extranjeras de carácter académico, recibidas para la formación política debidamente documentadas y aprobadas por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político que corresponda y los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.
Las autoridades electorales pondrán atención a los aportes cuya procedencia u origen no se pueda determinar; los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no sean para un proyecto en específico previamente aprobado por el organismo de máxima autoridad del partido, así como de toda otra actividad que comprometa la independencia del partido y las contribuciones en bienes y servicios, y las franquicias provenientes de alguna de las personas físicas o morales señaladas en los numerales que provengan del Estado o de actividades ilícitas.
El artículo 63 de la ley 33/18 establece otras medidas para el financiamiento privado de la precampaña, para proteger el proceso electoral, de las elecciones del próximo año.
“Las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos”, precisó
Fuente: El Caribe