Funcionarios no podrán participar en empresas que negocien con el Estado bajo la Ley 47-25
La nueva normativa prohíbe a funcionarios y legisladores tener participación en empresas contratistas del Estado
Entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas
El presidente Luis Abinader firmó el reglamento que pone en vigencia la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, más de 180 días después de su promulgación en julio de 2025. La norma establece que funcionarios públicos y legisladores no podrán tener ningún tipo de participación en empresas que negocien con instituciones del Estado.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, explicó que esta regulación restablece el régimen de incompatibilidades que fue suprimido en 2006. Ahora, ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes y regidores están impedidos de contratar o participar en empresas que comercialicen con el Estado, sin importar el porcentaje de acciones que posean.
Sanciones por incumplimiento
Pimentel indicó que la ley contempla sanciones administrativas y penales para quienes violen esta disposición. Las penas incluyen entre dos y diez años de privación de libertad, además de otras medidas legales.
Anteriormente, la legislación permitía que funcionarios y legisladores tuvieran hasta un 10% de participación accionaria en empresas contratistas, lo que queda prohibido bajo el nuevo marco normativo.
Objetivos y beneficios de la reforma
El presidente Abinader señaló que la ley busca fortalecer el funcionamiento del Estado con normas claras y permanentes. Destacó que el gobierno apuesta por instituciones más fuertes que las personas y reglas que perduren más allá de los cargos públicos.
El mandatario afirmó que el nuevo sistema mejora la planificación, fomenta la competencia, refuerza controles y promueve una cultura de prevención. La reforma busca hacer la gestión pública más eficiente, previsible y confiable, dejando un registro con responsables verificables.
Asimismo, Abinader resaltó que la normativa alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional.
Decreto y reconocimiento
El reglamento que desarrolla la ley está contenido en el decreto 52-26. En el acto de promulgación, el presidente reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible esta reforma.
Resumen
La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas prohíbe a funcionarios y legisladores participar en empresas que negocien con el Estado, con sanciones penales para quienes incumplan. La norma, vigente desde enero de 2026, busca fortalecer la gestión pública con reglas claras, controles reforzados y alineación a estándares internacionales de gobernanza.
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